La decisión del Congreso
El Congreso de Diputados derogó este viernes los dos reales decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre, relativos a la ampliación de la vivienda asequible y a la estabilidad de los contratos de alquiler. En la votación participaron los 350 diputados de la cámara: el primer decreto —el real decreto-ley 26/2026, sobre protección de la función social de la vivienda— obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra, y el segundo —que introducía la renovación automática de los contratos de alquiler por cinco años y la indemnización de hasta 12 mensualidades al inquilino— recibió 166 votos a favor y 184 en contra, sin abstenciones en ningún caso. El rechazo contó con los votos de PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN. Con la derogación, las medidas propuestas por el Gobierno sobre alquileres, contratos y desahucios quedarán sin efecto.
Horas antes de la votación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en su cuenta de X: «Este Gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda. Los decretos que hemos presentado sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios». Tras la derrota parlamentaria, fuentes del Ejecutivo confirmaron que el presidente abrió un periodo de reflexión sobre un posible adelanto de las elecciones generales.
La acampada en la Puerta del Sol
El campamento de la Puerta del Sol alcanzó este viernes su sexto día con más de 1,300 tiendas de campaña y alrededor de 2,000 personas, extendiéndose también por la calle Arenal. Los participantes, que aseguran no tener fecha de fin, explicaron que acuden a los baños de comercios cercanos, a las instalaciones de El Teatro del Barrio en Lavapiés —que ofrece duchas y espacio de descanso— y a casas de vecinos solidarios, y que se alimentan con donaciones de simpatizantes y compras en establecimientos del entorno. La acampada cuenta con puestos de préstamo de libros y un espacio de trabajo equipado con mesa y conectores, y está rodeada de pancartas con mensajes como «Madrid no se vende», «Sin vivienda no hay vida» o «Unidos para vencer a Ayuso».
El Sindicato de Inquilinas, que encabeza la convocatoria, decidió en asamblea extender la acampada a la plaza de Callao y mantenerla hasta que se convoque una huelga general. Las protestas tienen réplicas en Barcelona, donde la acampada de plaza Catalunya suma unas 150 tiendas, así como en Valencia, Málaga y Lleida. El movimiento surgió tras el desahucio de Maricarmen Abascal el 23 de septiembre y la marcha del 26 de septiembre, que reunió a unas 25,000 personas según la Delegación del Gobierno.
El frente judicial
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interpuso un recurso solicitando medidas cautelarísimas para el desalojo de la acampada, argumentando una «ocupación ilegal del espacio público». Sin embargo, la magistrada del juzgado de lo contencioso-administrativo número 14 de Madrid se declaró incompetente y elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dispone de un plazo máximo de 48 horas para resolver sobre las medidas solicitadas.
