La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y los familiares de las 47 víctimas de la explosión en San Cristóbal, ocurrida en agosto de 2023, presentaron este lunes un expediente ante la Procuraduría General de la República con pruebas de irregularidades, manipulación de informes y posible encubrimiento en la investigación del caso. El documento, que incluye 40 páginas de análisis y evidencias, busca reabrir la investigación y sancionar a los responsables de la tragedia, que dejó además 12 personas desaparecidas.
El expediente cuestiona el Informe Final del Cuerpo de Bomberos, emitido en agosto de 2023, el cual fue desconocido por la propia institución en una certificación de junio de 2025. Según Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH-RD, esto demuestra un intento de encubrimiento y la falta de rigor en las pesquisas. Además, se denuncia que la escena del crimen fue alterada y los restos fueron desechados en el vertedero municipal, lo que impidió la recolección de pruebas clave y vulneró la dignidad de las víctimas.
El documento también menciona un incendio previo en Vidal Plast, ocurrido en marzo de 2023, causado por el químico Autofina-Luporox a 70s (Peróxido Orgánico 5.2), un compuesto de alto riesgo. A pesar de este incidente, no se adoptaron medidas preventivas, lo que podría haber contribuido a la tragedia de agosto. Los familiares exigen que la Procuraduría General asuma el control total de la investigación, garantizando transparencia y castigo para los responsables.
Mientras el dolor de las familias persiste, la comunidad de San Cristóbal y el país entero exigen justicia y respuestas claras, rechazando la impunidad que parece proteger a los involucrados en este doloroso episodio. La CNDH-RD y los denunciantes esperan que las autoridades actúen con urgencia y den un paso firme hacia la verdad y la reparación.
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