Más allá del resultado del 25 de octubre, la disputa por la PEC del fin de la 6×1 condensa la disyuntiva de fondo que Brasil llevará a las urnas del balotaje: continuar ampliando el Estado social o aplicar un programa de recortes al gasto público inspirado en el modelo del argentino Javier Milei.
La propuesta de Lula se inscribe en una trayectoria histórica: la Constitución de 1988 redujo la jornada de 48 a 44 horas, y la nueva reforma completaría una transición de 38 años hacia estándares internacionales de trabajo decente, según las centrales sindicales brasileñas, que celebraron la media sanción como el quiebre de «una inercia estructural».
El polo opuesto es el de Flávio Bolsonaro: su plan económico contempla recortes del gasto público, y su calificación de la reforma como «oportunista» anticipa el debate ideológico sobre si Brasil puede permitirse ampliar derechos laborales en un contexto de pérdida de poder adquisitivo —el talón de Aquiles del gobierno según las encuestas— pese al desempleo en mínimos históricos.
El contexto regional añade presión: Brasil quedó inclinado hacia la tendencia de retorno a la derecha que sacude a América Latina tras la primera vuelta, con mercados que celebraron el resultado de Bolsonaro (Petrobras subió 10% y los bancos treparon hasta 14%).
El dato final que resume la elección: Jair Bolsonaro, padre del candidato, se encuentra en prisión domiciliaria tras ser condenado por golpismo, y Flávio es el abanderado del Partido Liberal «por designación de su padre». El balotaje del 25 de octubre decidirá si la mayor economía de América Latina continúa el rumbo del trabajar menos para vivir mejor, o cambia de curso hacia el ajuste.
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