Una reforma que genera descontento en el sector empresarial
El presidente Luis Abinader ha promulgado la Ley 36-26, que modifica la normativa sobre residuos sólidos y incrementa los pagos que deben realizar las empresas, incluso para aquellas que no reporten ganancias. La ley, aprobada de manera acelerada por el Congreso, entró en vigor de inmediato, según lo confirmado por el consultor jurídico de la Presidencia, Jorge Subero Isa, en una misiva enviada al Senado el 9 de julio.
Nuevos montos de contribución
La ley establece una nueva escala de pagos basada en los ingresos brutos anuales de las empresas, con ajustes en varios tramos:
- 0 a 5 millones de pesos: 5,000 pesos anuales (antes solo pagaban 3,000 las empresas con ingresos hasta 1 millón).
- 5 a 10 millones de pesos: 6,000 pesos (sin cambios).
- 10 a 25 millones de pesos: 25,000 pesos (antes 20,000).
- 25 a 50 millones de pesos: 90,000 pesos (antes 155,000).
- 50 a 80 millones de pesos: 120,000 pesos (antes el rango de 50 a 100 millones pagaba 260,000).
El mayor aumento afecta a las empresas con ingresos superiores a 100 millones de pesos, para las cuales se elimina la tarifa fija de 675,000 pesos y se implementa una escala progresiva que va desde 400,000 hasta 2.2 millones de pesos, según sus ingresos.
Críticas por la aprobación exprés
La ley ha generado fuertes críticas entre las organizaciones empresariales, que cuestionan tanto el contenido de la reforma como la rapidez de su aprobación. El proyecto, presentado por el senador Antonio Marte, fue aprobado en solo cinco días, sin estudios previos en comisiones y bajo un procedimiento de urgencia.
Voces críticas
- William Malamud (AmchamDR): Subrayó que las reformas que impactan la competitividad y el clima de inversión deben ser discutidas con mayor tiempo y participación, basadas en evidencia.
- Celso Juan Marranzini (Conep): Manifestó su preocupación por el aumento de la carga para empresas y consumidores, que ya enfrentan mayores retenciones por medidas económicas recientes. Además, cuestionó la falta de transparencia en el destino de los recursos y la ausencia de consultas con el sector privado y el fideicomiso DO Sostenible.
- Asonahores: Pidió una revisión técnica más amplia y un diálogo con los sectores productivos antes de la implementación de la ley.
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