El asesinato de Cristian Pérez García, quemado vivo por su agresor en el Kilómetro 9 de la carretera Sánchez, ha conmocionado a la sociedad dominicana y generado un clamor por justicia y seguridad. Ciudadanos, organizaciones y autoridades han levantado su voz para exigir medidas concretas que eviten que casos como este se repitan.
Una sociedad indignada
El crimen, descrito por el Ministerio Público como de «especial crueldad», ha generado protestas y manifestaciones en Santo Domingo. Vecinos del sector San Gabriel y activistas de derechos humanos han organizado marchas y vigilias para exigir:
- Justicia para Pérez García y su familia.
- Mayor seguridad en la carretera Sánchez y zonas aledañas.
- Castigos ejemplares para crímenes con ensañamiento.
La voz de la viuda
Rosario Batista Pérez, viuda de Pérez García, se ha convertido en un símbolo de la lucha por justicia. En una rueda de prensa, declaró:
«No quiero que mi esposo sea solo otra estadística. Exijo que se haga justicia y que casos como este no queden impunes. Mi familia está destrozada, pero no nos rendiremos».
Demandas concretas a las autoridades
- Reforzar la seguridad:
- Más patrullajes policiales en la carretera Sánchez.
- Instalación de cámaras de vigilancia en puntos críticos.
- Apoyo a las víctimas:
- Asistencia psicológica y legal para familias afectadas por la violencia.
- Indemnizaciones económicas para las víctimas de crímenes violentos.
- Reformas legales:
- Endurecer las penas para crímenes con ensañamiento.
- Agilizar los procesos judiciales para evitar la impunidad.
Respuesta de las autoridades
El Ministerio Público ha asegurado que el caso de José Miguel Marrero de Jesús será prioritario y que se buscará la pena máxima. Además, el Ministerio de Interior y Policía anunció un plan de seguridad para la carretera Sánchez, que incluye:
- Patrullas 24/7 en la zona.
- Talleres comunitarios sobre prevención de la violencia.
Un llamado a la unidad
Organizaciones como Amnistía Internacional y Participación Ciudadana han hecho un llamado a la unidad para combatir la violencia en el país. «Este caso no puede quedar en el olvido. Debe ser un punto de inflexión para que las autoridades y la sociedad trabajen juntas en busca de soluciones», declaró Pedro Flete, representante de Participación Ciudadana.
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